DIÁLOGOS DEL BICENTENARIO: MERITOCRACIA EN EL PODER JUDICIAL

 VOCES EN BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA
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Introducción
Se ha dicho durante mucho tiempo que la justicia en nuestro país ha ido de mal en peor, y eso es verdad. Al parecer este es un problema que se ha visto más agravado por un factor principal, la corrupción, esto ocurre en todas partes, sin excepción. Sin embargo, los intentos para erradicarla no han funcionado y sigue persistiendo, convirtiéndose en un limitante para el desarrollo de la nación y pretende, en la actualidad, seguir contribuyendo con las consecuencias sociales y económicas, las cuales serán difíciles de “ablandar” si sigue consumiendo a más personas. Según Albornoz (2002), es imposible que la corrupción sea reducida, pues se considera que es un mecanismo que permite a las personas ascender socialmente de manera facilitada, lo que causa que quienes lo practican no cambien de idea y se provoque la rigidez social (p. 122). Cada vez que se tiene un pequeño impulso por hacer lo correcto, la idea de la “ganancia” suplanta aquello, esto ocurre y ocurrirá una y otra vez, pues el ser humano siempre vela por sus necesidades y en muchos casos no es conformista, sino avaricioso y no en un buen sentido. Según el periódico La República (2022, 25 de enero), la problemática se ve reflejada en estudios estadísticos realizados en 2012, el cual nos menciona que el Perú pasó de estar en el puesto 180 a estar en el puesto 105 en percepción de corrupción con respecto a otros países. Es preocupante que en sólo 2 años se han avanzado tantos puestos; sin embargo, no nos sorprende. Para intentar que nuestro país pueda ser el “lugar ideal” en que podamos vivir en base a justicia e igualdad, especialistas participantes en una mesa redonda han mencionado una palabra interesante: meritocracia. Se dice que una sociedad meritocrática es una sociedad que se organiza teniendo como principio el éxito (Albornoz, 2002, p. 123). Para ellos esta es considerada como una alternativa para disminuir las injusticias en nuestro país; sin embargo, no podemos tener la certeza de que funcionará en un futuro si se aplica ahora o provocará una desventaja en el avance hacia la meta trazada, como lo menciona el estudiante de la carrera de Derecho del sexto de la Universidad Científica del Sur (UCSUR), Jesús Modesto en Diálogos del Bicentenario (2023) “Muchos consideran a la meritocracia como un arma de doble filo”, pero ¿cuál es exactamente la meta que se quiere lograr con la meritocracia? En el presente texto se desarrollará un tema que es de interés social, en el cual se menciona la relación de la meritocracia con el poder judicial y la corrupción, en base a las ideas de los ponentes de la mesa redonda realizada por la UCSUR y el instituto SISE la cual tiene como tema “Meritocracia en el Poder Judicial para combatir la corrupción” que conlleva a la reflexión de las acciones que se están realizando en nuestro país a nivel judicial y su relación con la realidad nacional, la cual está siendo un desafío para todos nosotros.

Un primer punto que hay que abordar es sobre la aplicación de la meritocracia en el país y como está influiría en el sistema de proceso judicial. Según la estudiante de la carrera de Derecho de sexto ciclo de la UCSUR, Sthefany Sueldo, mencionó que “la meritocracia es una barrera o una alternativa de solución que podría prevenir la corrupción en el poder judicial” esto que nos menciona la estudiante es muy cierto, ya que la meritocracia implica que los jueces y funcionarios judiciales sean seleccionados y promovidos en función de su competencia, experiencia y méritos académicos o profesionales y este proceso transparente ayudará a que se reduzca las oportunidades en lo que respecta las influencias políticas o sobornos en la toma de decisiones relacionadas con el personal judicial. Es importante recalcar que esta alternativa aún no se ha implementado en nuestro sistema de elección de gobernantes, o mejor dicho, no es muy riguroso, pues pretende poner a los mejores como jueces, lo que aún no es una realidad. Es lamentable saber que por la culpa de muchas personas corruptas nuestro país no pueda mejorar, ya que la corrupción implica el desvío ilegal de recursos públicos, como fondos gubernamentales o ingresos fiscales, para beneficio personal de algunas personas que pertenecen al gobierno y esto significa que el dinero que estaba destinado para la prestación de servicios públicos, como educación, atención médica, infraestructura y seguridad, se desvía hacía cuentas bancarias privadas, un ejemplo de ello, fue la llegada de un nuevo virus a nuestro país en el año 2020 en donde nos dimos cuenta que teníamos un sistema de salud muy deficiente y que esa plata que estaba destinada para la mejora e implementación de materiales hospitalarios fueron a parar en los bolsillos de personas corruptas, mientras que los ciudadanos exigimos la mejora de muchos servicios públicos. Asimismo, el doctor Fabio Núñez del Prado nos menciona que “la justicia debe ser gratuita para las personas que lo necesitan”, respecto a esto podemos decir que lo mencionado por el doctor tiene mucho que ver con lo que pasa en la justicia hoy en día, puesto que no podría ser gratuita para todos, porque si bien es cierto, hay algunas personas que sí cuentan con recursos para poder pagarla y deberían ir a la justicia privada; mientras tanto hay otras personas que realmente si necesitan de este apoyo, ya que son personas de muy bajos recursos que muchas veces son impulsadas a tomar justicia con sus propias manos arriesgándose a lastimarse entre sí, lo que no es justificable, claro está, pues violan los derechos de otros, pero ¿si no son ellos los que hacen justicia en defensa propia, entonces quién? Si las autoridades no toman riendas en el asunto, de aquí a unos cuántos años, la falta de justicia va a terminar por conducirnos a un matadero a mano libre.

La justicia es ciega, sorda y muda

Si retrocedemos en el tiempo, hacia 1780, con la Rebelión de Túpac Amaru II, evidenciamos que la justicia en aquel entonces no existía, evidentemente. Los incas sufrían los abusos de los españoles que los usaban como máquinas de trabajo para explotar todos los recursos naturales que teníamos como tesoro. “Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas, dónde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables” (Franco Maero, 2015), esto es algo parecido a la realidad, ya que la corrupción, analizándola desde otra perspectiva, se lleva gran parte de lo trabajado por los ciudadanos y ¿qué reciben a cambio? sólo un pequeño trozo. Además, se evidencia lo antes mencionado, que es la acción por defensa propia por parte de los pobladores, que fueron impulsados por Túpac para poder hacer frente a las injusticias que se estaban cometiendo contra ellos. Sin embargo, años después, en 1801, se escribió la carta a los españoles por Vizcardo y Guzmán en dónde se denunciaba a los españoles por sus actos, pero ¿por qué se esperó tanto tiempo para que esto sucediera? Después de tantas muertes y torturas. Una frase corta dicha en Diálogos del Bicentenario (2023) por el presidente fundador de la Universidad Científica del Sur, José Dextre es “Justicia que demora, no es justicia” tiene mucho de verdad, puesto que a pesar de que se tuvo intenciones, los actos ya estaban cometidos, por tanto, la justicia se debió dar en el momento para poder ser considerada justicia. 

En 1980, cuando se inició el segundo gobierno del presidente Fernando Belaunde Terry, se presentaron muchos ataques terroristas y los departamentos más afectados de aquel entonces fueron Ayacucho y Huancavelica. La Universidad San Ignacio de Loyola (s.f), en su publicación sobre el segundo Gobierno de Fernando Belaúnde Terry, menciona que el narcotráfico causó la muerte de 2693 civiles, de los cuales 80 eran miembros que desempeñaban funciones judiciales. Esto nos indica que una cantidad considerable entre las muertes causadas por los grupos terroristas eran parte del Estado peruano, sobre todo quienes desempeñan funciones judiciales. Si bien con esto crearon terror en las comunidades, su objetivo era contra la forma de gobierno que se estaba realizando en aquel entonces. Sin embargo, el terrorismo en estos años fue creciendo sin resultado de alguna autoridad por reducirla y si se estaba realizando alguna intervención, esta estaba tardando, a esto sumésmole lo dicho por el doctor Fabio Nunez del Prado en Diálogos del Bicentenario (2023) “Nuestro sistema de justicia dura tanto porque tiene 7 instancias”. Se menciona una palabra interesante, que es el narcotráfico, el cual está vinculado a la venta de ciertos productos recibiendo a cambio una gran cantidad de dinero, considerándolo corrupción. El doctor considera que se debe implementar en el país un sistema judicial similar a los de Estados Unidos y Chile.

La masacre en el penal “El Frontón” en 1986, fue un evento histórico en la historia del Perú, y provocó la muerte de 118 internos. En este evento se pudo identificar la participación de la Marina de Guerra, pero ¿por qué quiénes se supone que defienden a todo peruano quitaron la vida a muchos de estos? Sin importar cuántos crímenes se hayan cometido, la Constitución dicta que todo peruano tiene derecho a la vida. Sin embargo, es preciso recalcar que una vez preso, te despojan de tus derechos. Si bien hay estudios que analizan varios puntos sociopolíticos de este suceso, deberían analizar un punto económico pues no consideramos que la Marina de Guerra haya realizado tales males de manera gratuita sin recibir “algo a cambio”. RPP Noticias (2011) mencionó en su redacción que “Según el testimonio ante la CVR, por dos efectivos de la Marina que participaron en el operativo, los terroristas que se rindieron fueron ejecutados a balazos y con armas blancas”, a pesar de la rendición de los criminales fueron brutalmente asesinados. Según dicen, fue para restablecer el orden en el penal.

Es crucial explorar más allá de los hechos superficiales y entender lo que es éticamente correcto. Se han destacado tres ideas esenciales que consideramos fundamentales para abordar este tema. En primer lugar, hemos reconocido la importancia de una formación académica que inculque la ética y la moral como principios básicos. La universidad desempeña un papel fundamental en la formación de ciudadanos éticos y conscientes de su responsabilidad hacia la sociedad y el país. Para lograrlo, las instituciones académicas deben estar comprometidas con la enseñanza de competencias amplias, gestión del conocimiento, habilidades para el manejo de la información y competencias de empleabilidad que puedan aplicarse en diversas situaciones y contextos (Álvarez Pérez et al., 2009). Esto no solo prepara a los estudiantes para el éxito individual, sino que también los motiva a buscar el bien común y a aspirar a un mundo mejor. Por otro lado, hemos tomado en cuenta a la sociedad, quien juega un papel crucial para el desarrollo progresivo y aspirar a un futuro próspero y justo, es por ello que se destacó tres pilares fundamentales que todo ser humano debe tomar en cuenta: ética, legalidad y meritocracia. La ética no es simplemente un sistema de valores personales; es una brújula moral que guía nuestras acciones diarias y nuestras decisiones más importantes. La universidad tiene la responsabilidad de inculcar estos valores en sus estudiantes, recordándoles constantemente la importancia de la integridad, la empatía y la responsabilidad social. En un mundo donde las tentaciones de actuar de manera egoísta o corrupta son abundantes, debe iluminar el camino hacia lo éticamente correcto. Asimismo, se ha destacado la importancia de la legalidad como un componente esencial de cualquier sociedad democrática y civilizada. Los estudiantes deben comprender que el respeto por la ley no es solo una obligación, sino también una garantía de igualdad y justicia. La universidad debe promover una comprensión profunda de las leyes y los derechos ciudadanos, fomentando la participación cívica informada y responsable. En el bicentenario de nuestra nación, recordamos que el respeto por la ley es la base de la convivencia pacífica y el progreso. Finalmente, hemos subrayado la importancia de la meritocracia como principio rector de que las oportunidades se otorguen en función del mérito y el esfuerzo, no de la influencia o el privilegio. La universidad debe ser un espacio donde se cultiva y se recompensa el talento y la dedicación, celebramos la diversidad de talentos y capacidades que nuestra nación alberga, y la meritocracia es el camino hacia la optimización de estos recursos.

Considerando un segundo análisis, se ha situado la corrupción y la justicia, las cuales son dos aspectos fundamentales en cualquier sociedad, ya que son esenciales para mantener una vida organizada y en conformidad con las leyes. Sin embargo, en ocasiones, estos principios se distorsionan en beneficio de individuos que buscan su propio interés. Durante las discusiones en el conversatorio sobre el Bicentenario, los ponentes destacaron repetidamente la importancia de los principios y valores que moldean a una persona en un individuo de bien, contribuyendo así a la construcción de un mundo mejor. El presidente fundador de la UCSUR, José Dextre, enfatizó particularmente el tema de la corrupción, una problemática que ha afectado a naciones en todo el mundo a lo largo de la historia, este mencionó que “La corrupción despoja a la sociedad de servicios de mayor calidad”, lo cual es verdad, ya que no sólo mina la confianza en las instituciones gubernamentales y en la sociedad en general, sino que también tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, la justicia y la integridad de una nación. José Dextre, un apasionado defensor de la lucha contra la corrupción y un firme creyente en la importancia de la justicia y la honestidad, compartió sus sabias y experimentadas palabras con nosotros. Nos invitó a reflexionar profundamente sobre la corrosiva naturaleza de la corrupción y la urgente necesidad de promover una cultura de integridad en todos los niveles de la sociedad. Es importante reconocer que, como seres humanos, siempre aspiramos a alcanzar más y no está mal. Sin embargo, antes de buscar nuestros propios intereses, debemos cuestionarnos si nuestras acciones son éticamente correctas y si contribuyen al bien común o son impulsadas por intereses personales. Tal y como lo menciona Dextre “Cada vez que te pasas de lo correcto, eres parte de la corrupción”. La honestidad es el pilar que debe guiar nuestras acciones; debemos ser conscientes de nuestras decisiones y actuar con verdad y moral. Asimismo, la justicia desempeña un papel fundamental en el bienestar de un país, ya que es el pilar que sustenta la igualdad, la equidad y el estado de derecho. En el caso del Perú y de muchos otros países, alcanzar una justicia imparcial y eficiente es un desafío constante. A lo largo de su historia, el Perú ha enfrentado importantes obstáculos en la construcción de un sistema judicial sólido y confiable, incluyendo problemas de corrupción, demoras en los procesos judiciales y la falta de recursos. Sin embargo, es alentador destacar que el país ha realizado esfuerzos notables en las últimas décadas para mejorar su sistema de justicia, implementando reformas y medidas para combatir la corrupción. Aunque aún existen desafíos por superar, ha avanzado en su camino hacia una justicia más eficaz y transparente. Es esencial que continúe trabajando en la consolidación de un sistema judicial que garantice la igualdad ante la ley y la protección de los derechos de sus ciudadanos (Campos, 2018). La situación en cada país puede variar debido a factores culturales, históricos y económicos. Sin embargo, la lucha por una justicia justa y efectiva es un objetivo compartido que debe perseguirse con determinación para lograr una sociedad más justa y equitativa.

A partir de todo lo visualizado en el presente trabajo, se puede mencionar que ante la búsqueda constante de un país más justo, es imperativo reflexionar sobre la calidad de la educación desde sus cimientos. Para avanzar hacia un sistema de justicia más efectivo y accesible para todos, es crucial promover reformas que garanticen la igualdad de oportunidades ante la ley, así como una mayor transparencia en los procesos judiciales. Esto incluye fomentar la mediación y la resolución alternativa de conflictos, reduciendo la carga de trabajo en los tribunales y acercando la justicia a la ciudadanía. En paralelo, la meritocracia debe ser el eje central en la toma de decisiones a nivel gubernamental. Un plan de mejora consiste en establecer sistemas de evaluación y promoción basados en el desempeño y el potencial, promoviendo así una administración pública más eficiente y ética. Sin embargo, ninguna mejora en el sistema de justicia será sostenible sin una educación de calidad desde el inicio. Para ello, se requiere una inversión significativa en la formación de docentes, la actualización de planes de estudio y el acceso a tecnologías educativas de vanguardia. Solo a través de una educación de calidad, desde el nivel preescolar hasta la educación superior, podemos preparar a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de una sociedad justa y meritocrática. En resumen, mejorar el derecho a la justicia, promover la meritocracia y garantizar una educación de calidad desde el inicio son componentes interconectados en el camino hacia un país más equitativo y próspero. Estos pilares fortalecen los cimientos de una sociedad que valora la igualdad de oportunidades y el mérito como principios fundamentales, asegurando así un futuro más justo y prometedor para todos los ciudadanos.

Conclusión
Nos hemos profundizado en la compleja problemática de la justicia y la corrupción en nuestro país, el Perú. Es innegable que la corrupción ha deteriorado significativamente la calidad de nuestra justicia a lo largo del tiempo, y lamentablemente, esta problemática persiste a pesar de los esfuerzos por combatirla. La meritocracia surge como una posible solución que podría conducir a un sistema judicial más transparente y menos susceptible a las influencias políticas y a los sobornos. Es importante destacar nuestra creencia en la importancia de la educación ética y moral en nuestras instituciones académicas. La ética, la legalidad y la meritocracia son valores fundamentales que deben ser fomentados en todos los niveles de nuestra sociedad, estos valores son los pilares sobre los cuales debemos edificar un futuro más justo y próspero para todos. La corrupción, como hemos observado, tiene un impacto directo en la calidad de los servicios públicos, erosionando la confianza en nuestras instituciones gubernamentales. La justicia, por otro lado, es un pilar esencial para sostener la igualdad y el estado de derecho en nuestra nación. A pesar de los desafíos que enfrentamos, es importante reconocer los esfuerzos realizados en las últimas décadas para mejorar nuestro sistema judicial y combatir la corrupción. No obstante, entendemos que no podemos esperar un cambio significativo sin reformas educativas sólidas. Necesitamos una educación de calidad que prepare a las futuras generaciones para enfrentar los desafíos de una sociedad justa y meritocrática. Esto implica invertir en la formación de docentes, actualizar planes de estudio y proporcionar acceso a tecnologías educativas de vanguardia. En resumen, a medida que buscamos mejorar nuestro sistema de justicia, promover la meritocracia y asegurar una educación de calidad, comprendemos que estos son elementos interconectados en nuestra búsqueda de un país más equitativo y próspero. Estos valores sólidos fortalecerán los cimientos de una sociedad que valora la igualdad de oportunidades y el mérito, allanando el camino hacia un futuro más prometedor para todos los ciudadanos. Tal y como mencionó el doctor Walter Palomino: “Tenemos un grave problema el cual sólo se puede resolver con la intervención de todos”. 

José Dextre

Presidente Fundador de la Universidad Científica del Sur

“Si no se recibe una sanción, el valor de la honestidad no existirá”

Fabio Nuñez del Prado
Magister en Derecho y especialista en arbitraje comercial e inversiones egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú

“La meritocracia, si bien es una alternativa, yo no creo, por decirlo honestamente, quite el asunto”

Walter Palomino Ramírez
Magister en Derecho Penal egresado de la Pontificia Universidad Católica

 del Perú

“El conocimiento sólido y la formación académica adecuada es muy importante, pero a ello debe agregarse también un perfil que responda a exigencias éticas”

Referencias bibliográficas  

Albornoz, O., (2002). Los vértices de la meritocracia. Utopía y Praxis Latinoamericana, 7(17), 121-124.
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27901709 

Álvarez Pérez, P. R., González Alfonso, M. C., & López Aguilar, D. (2009). La enseñanza universitaria y la formación para el trabajo: Un análisis desde la opinión de los estudiantes. Paradigma (Maracay), 30(2), 7–20. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1011-22512009000200002

Campos, H. J. (2018). Crisis de la justicia en Perú: un problema y una posibilidad. Ámbito Jurídico. https://www.ambitojuridico.com/noticias/informe/relaciones-exteriores-e-internacional/crisis-de-la-justicia-en-peru-un-problema-y

Diálogos del Bicentenario (2023) “Meritocracia en el Poder Judicial para combatir la corrupción” . Extraído de,  (11) Facebook Live | Facebook

Franco Maero. (2015, marzo 9). “La gran rebelión de Túpac Amaru II”. [Vídeo] YouTube
http://www.youtube.com/watch?v=21Z65dzWtNQ 

RPP Noticias. (2011, 9 de agosto). La historia de la matanza en el desaparecido penal El Frontón. [Redacción RPP]
La historia de la matanza en desaparecido penal El Frontón | RPP Noticias

La República. (2022, 25 de enero). Aumenta la percepción de corrupción en Perú, según estudio de Transparencia Internacional. La República.
Aumenta percepción de corrupción en Perú, según estudio de Transparencia Internacional | Política | La República (larepublica.pe)

Universidad San Ignacio de Loyola. (s.f). Fernando Belaunde Terry. USIL https://fernandobelaundeterry.com.pe/biografia/segundo-gobierno

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